Radio: No
Radio:
km Set radius for geolocation
Buscar

El discurso de odio

El discurso de odio
Artículos

Con cada vez más frecuencia grupos ultraconservadores señalan a la lucha por los derechos humanos de las mujeres, las expresiones públicas de la comunidad LGBTI+ y el reconocimiento de diversos tipos de familias como responsables de la pérdida valores y buenas costumbres de la sociedad. Esas personas, de manera individual o en grupo, con un gran empecinamiento esparcen mensajes de odio en sus discurso y redes sociales argumentando equivocadamente que su derecho a expresar libremente sus prejuicios es ilimitado y absoluto. Ese discurso de odio, que ha demostrado ser políticamente redituable, llevó a la elección en Estados Unidos de un presidente que de manera explícita pone en evidencia su desdén por las mujeres, los homosexuales y los mexicanos con la intención abierta de afectar sus vidas.

El discurso de odio es un discurso que expresa, ya sea por vía escrita, oral o en redes sociales, prejuicios contra un grupo o grupos de personas, especialmente por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, posición social y preferencia sexual. Este tipo de expresiones que se dispersan muchas veces de manera anónima e impune en redes sociales, se sustentan en dogmas, supersticiones, estereotipos y tabúes y son un peligroso caldo de cultivo cuando se diseminan entre grupos de individuos receptivos a mensajes poco profundos, simplistas y reiterativos por parte de personas en una posición de autoridad. Como señala el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, este lenguaje homofóbico, misógino, clasista, racista y sexista difama y denigra a colectivos históricamente discriminados y genera un clima de intolerancia entre aquellos que lo difunden y quienes lo aceptan. El discurso de odio es un ataque velado pero terrible a los derechos humanos.

El derecho a expresarnos con libertad es fundamental para un Estado democrático, sin embargo este derecho, reconocido por la Constitución y los tratados internacionales, tiene un límite claro sobre todo cuando el discurso de odio proviene de funcionarios y servidores públicos que buscan silenciar la voz de las personas pertenecientes a grupos que han sido discriminados y que exigen sus derechos. Estas expresiones de odio se oponen a la construcción de una sociedad plural y diversa, su normalización contribuye a generar un ambiente de violencia y constituye una violación grave de los derechos humanos. Más aún, la normalización del discurso de odio nunca debe considerarse aceptable porque su objetivo principal es racionalizar la violencia y justificar el acoso, la persecución y la anulación de la dignidad humana de las personas más vulneradas de nuestra sociedad.

Recientemente, las expresiones violentas, agresivas y discriminatorias emitidas por funcionarios y funcionarias han escalado hasta la denigración, el hostigamiento y las amenazas en contra de personas y movimientos sociales legítimos y han contribuido al aumento de los feminicidios y violaciones a mujeres y niñas, al incremento de crímenes en contra de personas de la comunidad LGBTI+, especialmente contra mujeres-trans y a las agresiones sufridas por las personas migrantes que transitan por nuestro país.

La Suprema Corte sostiene que las expresiones que impliquen una incitación, promoción o justificación de la intolerancia mediante términos abiertamente hostiles o de rechazo contra mujeres, personas de la comunidad de la diversidad sexual o familias diversas, entre otras, deben ser consideradas como una forma de lenguaje discriminatorio y por lo mismo dichas expresiones no se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución. Por el contrario, la SCJN ha sido muy clara en señalar de manera categórica la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas como un mandato constitucional a todo funcionario y servidor público.

El lenguaje conforma la realidad y debe tomarse con seriedad para evitar que las expresiones de odio de funcionarios y servidores públicos violenten la norma en perjuicio de las personas o sectores que son blanco de sus prejuicios e impedir que sean incorporadas en el diseño de políticas públicas o en la asignación de presupuestos.

Lo que está de por medio es la dignidad humana.

Fuente: Maricruz Ocampo – Plaza de Armas

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Cargando…

Artículos

Cargando…
Translate »