Que los municipios respeten los matrimonios igualitarios se encuentra en la agenda que les planteó el Observatorio Ciudadano de Querétaro, afirmó su presidenta, Yamile David Gallegos.
Apuntó que la organización civil entregó una agenda de cinco puntos a los cinco ayuntamientos que aceptaron la revisión del Observatorio, y a los que se les dio un lapso de seis meses para demostrar que realmente los implementan.
El matrimonio igualitario es un tema que se encuentra dentro del de “Equidad de Género”, que establece que deben respetarse todos los derechos para todas las personas.
“Los (cinco) puntos son: transparencia y rendición de cuentas, seguridad, equidad de género, combate a la pobreza y uso eficiente al recurso público”.
Ahondó que, en un principio se programó trabajar, de manera cercana, con siete municipios, pero que finalmente se concretaron diálogos con cinco: Querétaro, El Marqués, Corregidora, Pedro Escobedo y Colón.
San Juan del Río y Huimilpan no aceptaron la invitación del Observatorio, pero en el caso de San Juan del Río, ni siquiera se tuvo comunicación durante el periodo de campaña.
“Nunca logramos poder concretar este vínculo (con San Juan del Río), y Huimilpan si firmó, pero después ya no dio seguimiento a este ejercicio. La verdad esto es algo de voluntad”.
Argumentó que, al igual que toda organización civil cuenta con recursos limitados, de ahí que centrará sus esfuerzos en trabajar con aquellos municipios que sí estén interesados.
El Observatorio Ciudadano Querétaro es un movimiento conformado por 9 universidades, 4 cámaras empresariales, Fecapeq (Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro) y sociedad civil que trabajan en conjunto para incidir de manera proactiva y positiva en temas públicos.
Dicha organización busca impulsar la rendición de cuentas y desarrollar mecanismos de combate a la corrupción y la impunidad en el gobierno, para la implementación de un sistema Anticorrupción eficaz y efectivo en el Estado de Querétaro a través del fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil de informar y movilizar a la ciudadanía misma para promover la implementación de mecanismos de combate a la corrupción e impunidad.
Con información de El Universal Querétaro y Observatorio Ciudadano Querétaro